María Angélica Gelli está entre las constitucionalistas contemporáneas más citadas por la jurisprudencia argentina. Clara y generosa en una conversación “robada” a último momento, la jurista reflexiona sobre lo que quedó de las conflictivas elecciones tucumanas, y lo que pasó y no pasó desde entonces. “Si no es controlado, el poder no cede espacio”, recuerda la ensayista, que vino a esta ciudad para disertar en la XVIII Conferencia Nacional de Abogados.

-La Constitución de Tucumán reformada en 2006 tiene más de 10 artículos declarados inconstitucionales por la Justicia. ¿Qué se hace con una Carta Magna así?

-El de Tucumán es un caso que tuvo gran repercusión. En el fallo de la Cámara en lo Contencioso Administrativo (Sala II) en el juicio “Colegio de Abogados” funcionó el control entre poderes. Lo más trascendente quizá sea que la Justicia reconoció legitimación al Colegio, es decir, derecho para reclamar. Ello da una idea sobre la importancia que tienen estas instituciones como organismos que pueden enderezar cuestiones constitucionales. ¿Qué se hace con la Constitución revisada por el Poder Judicial? Las normas invalidadas no pueden ser aplicadas y lo correcto quizá sería que el propio poder constituyente corrija esta situación mediante una derogación expresa.

-¿Hay otros antecedentes?

-Algo similar le pasó a la Constitución Nacional, con el caso del ex juez Carlos Fayt (fue ministro de la Corte Suprema de Justicia de la Nación entre 1983 y 2015). La Constitución reformada en 1994 estableció una modificación al sistema de estabilidad de los magistrados, que permanecen en sus cargos mientras dure su buena conducta: puso un límite de edad (75 años). Fayt se presentó ante los Tribunales alegando que esa norma violaba sus derechos constitucionales; la Corte le dio la razón porque consideró que la norma había sido agregada por la Convención Constituyente más allá de las atribuciones que le había otorgado el Congreso de la Nación. Unos jueces de la misma Corte dijeron que la restricción de edad no se aplicaba a Fayt porque, al asumir, él había jurado con la Constitución anterior a 1994. De todas maneras el artículo sigue estando en la Constitución y, cuando el juez Enrique Petracchi llegó a esa edad, también inició un juicio y obtuvo una medida cautelar. Luego falleció y eso quedó inconcluso.

-Se supone que la Constitución es el libro que todo ciudadano debería leer con facilidad. Y para la de Tucumán resulta que hacen falta 10 o 12 fallos para entenderla. ¿No es, acaso, un contrasentido?

-Sí, tendríamos que ser razonables. Por otro lado, quienes votan esas normas son los elegidos por el pueblo. Una Constitución debe “bajar” al nivel corriente: alcanza conque los ciudadanos conozcan sus derechos y garantías, y las limitaciones al poder. Porque en la Constitución de un país democrático y republicano hay división de poderes, y, para el supuesto de excesos, está el Poder Judicial, como sucedió en el caso “Colegio de Abogados de Tucumán”. Y ya le digo, es un fallo muy famoso, que se enseña en las universidades: su provincia tiene ese privilegio.

-Tucumán también alcanzó el centro de la escena nacional hace un año como consecuencia de las elecciones judicializadas. El caso llegó a la Corte de la Nación, pero esta no dijo nada. ¿Cómo hay que interpretar esa posición?

-La Corte no tiene estrictamente un plazo para resolver los juicios. Es malo en un sentido, pero, en el otro, permite al máximo tribunal tomar en consideración los tiempos políticos en conflictos tan serios como los que atravesó Tucumán y esperar que los resuelvan los propios tucumanos. Yo prefiriría que haga como la Corte de Estados Unidos, que al comienzo del año fija una agenda y comunica los casos que va a tratar, cosa que da más previsibilidad al sistema.

-Si bien es cierto que las provincias son preexistentes a la Nación y que esa autonomía implica la posibilidad de organizar sus instituciones públicas, ¿la inexistencia de un pronunciamiento de la Corte genera sensación de indiferencia?

-Sí, puede entenderse como indiferencia, como un no querer involucrarse en problemas de la magnitud de una elección. También se corre el riesgo de tomar una decisión que sea vista por el conjunto de los ciudadanos como una imposición de un grupo pequeño de autoridades. Yo hubiese preferido que la Corte de la Nación se pronuncie y pague el costo en este caso, donde están en juego las bases del sistema democrático.

-Más aún porque, pese a la crisis, el sistema electoral sigue siendo el mismo: parece que aquí no ha pasado nada.

-Pero pasó: hay que reformar el sistema para que no vuelva a ocurrir. En el orden nacional existe una propuesta. A veces estas modificaciones son ejemplares y las provincias las siguen. El poder no cede espacio si no es controlado por la ciudadanía.

-¿Cuál es su evaluación sobre el instituto de la reelección?

-No me parece mal una reelección. Sí quitaría la posibilidad de volver con el intervalo de un período. El senador (Miguel Ángel) Pichetto siempre dice que el presidente que tuvo dos mandatos ya cumplió una etapa histórica. Después debiera ocuparse de cuestiones más institucionales y no estar en la actividad política agonal.

-¿Qué le pide usted a la Corte que incorporó a Horacio Rosatti y a Carlos Rosenkrantz?

-Primero, debe ser independiente. Después, imparcial. Y luego, demostrar que es todo esto y que está más allá de la pequeña lucha política. Que se ocupa de resolver problemas importantes en forma equilibrada y con coraje.

-¿Hay que ampliar la presencia de ministras en la Corte?

-Una aspira a que las mujeres lleguen a los lugares de relevancia porque son capaces y se han ganado su lugar. El cupo tiene ese problema, que a veces sólo está para llenar un espacio. Los alemanes lo hace muy bien: en igualdad de condiciones, prefieren a la mujer o a la minoría discriminada. Tanto (Mauricio) Macri como (Cristina) Fernández de Kirchner propusieron varones. Es decir, prevaleció la preferencia incluso cuando hubo una presidenta. Si se trata de resolver este asunto mediante una ampliación del cuerpo, prefiero que no la toquen más, sobre todo porque Macri nombró dos jueces; Néstor Kirchner nombró otros dos (Ricardo Lorenzetti y Elena Highton) y Eduardo Duhalde nombró al restante (Juan Carlos Maqueda): ello quiere decir que el Gobierno actual no tiene mayoría. Dejemos a la Corte Suprema en paz para que se fortalezca.